EE. UU. pone su mira en el petróleo y los minerales raros de Venezuela en una carrera por insumos

A medida que la guerra y la competencia geopolítica impulsan a EE. UU. a garantizar el acceso a recursos naturales, las oportunidades que se abren en Venezuela parecen haber llamado la atención de Washington. Desde que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, la administración Trump ha tomado control de las ventas de petróleo del país y ha decidido cómo se pueden gastar los ingresos. Altos funcionarios gubernamentales también han viajado a Caracas para explorar tanto el aumento de la producción de petróleo como la explotación de otros activos naturales del país. El 4 de marzo, cuando los precios del petróleo se dispararon tras el ataque de EE. UU. e Israel a Irán, el secretario del Interior, Doug Burgum, llegó al país, pocas semanas después de la visita del secretario de Energía, Chris Wright. Además del petróleo, la abundante riqueza mineral del país es también objeto del interés de la administración Trump. Según medios, Burgum firmó un acuerdo con la empresa minera de Venezuela para comprar hasta mil kilogramos de oro. Washington también está interesado en los minerales de tierras raras, que son vitales para industrias que van desde la defensa hasta la aeroespacial y la inteligencia artificial, incluyendo la construcción de misiles guiados de precisión, radares, sensores y sistemas satelitales.

El interés de EE.UU. por los recursos naturales de Venezuela hace eco de lo que se conoce como la “Doctrina Donroe”, una idea establecida por la Casa Blanca a finales del 2025 que busca reafirmar la supremacía estadounidense en el hemisferio occidental. Washington ha utilizado el control del petróleo de Venezuela, cuyas reservas podrían ser las mayores del mundo, como justificación para su decisión de derrocar a Maduro, y ha dejado claro que la presidenta interina Delcy Rodríguez, que sucedió a Maduro, solo conservará el cargo si concede a EE. UU. acceso al petróleo y cumple las demás instrucciones, lo que deja a Caracas con un margen de maniobra limitado. El secretario de Estado Marco Rubio declaró ante el Congreso a finales de enero que su país controlará minuciosamente cómo se gastan los ingresos, y se espera que Rodríguez presente un presupuesto mensual para su aprobación antes de que se liberen los fondos.

Mientras tanto, los minerales críticos de Venezuela están en la mira de la administración Trump no solo por su uso en ciertas industrias estratégicas, sino también porque él considera vital para los intereses de EE. UU controlar las fuentes de estos recursos en el hemisferio. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 afirma que, para evitar la dependencia de “cualquier potencia extranjera … debemos volver a garantizar nuestro propio acceso independiente y fiable a los bienes que necesitamos para defendernos y preservar nuestro modo de vida. Esto requerirá ampliar el acceso estadounidense a minerales y materiales críticos, al tiempo que se contrarrestan las prácticas económicas depredadoras”.

Bajo la coerción de EE. UU., y también deseosas de rellenar las dilapidadas arcas del Estado, las autoridades provisionales de Venezuela se han mostrado hasta ahora muy cooperativas. El 5 de marzo, Rodríguez declaró que se está preparando una reforma de las leyes mineras, y el gobierno ha llevado a cabo una reforma radical de la normativa que regula la industria petrolera, revirtiendo las políticas que favorecían el control estatal nacional y que se remontaban a dos décadas atrás. La ley de hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional a finales de enero refleja las preferencias de las empresas petroleras. Elimina una obligación impuesta por el difunto presidente Hugo Chávez, que ocupó el cargo entre 1999 y 2013, que exigía a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) actuar como principal accionista en todos los proyectos de exploración y producción. La nueva ley también permite a las empresas negociar pagos de regalías más bajos al gobierno venezolano, reduce las tasas impositivas y permite a las empresas energéticas extranjeras resolver sus disputas en tribunales de arbitraje en el extranjero en lugar de en los tribunales venezolanos. Trump ha pedido a las empresas privadas estadounidenses que inviertan 100 000 millones de dólares en la reactivación del sector. Con ese fin, su administración ha expedido licencias para permitir que empresas estadounidenses y otras empresas occidentales operen en Venezuela. Dicho esto, reactivar la moribunda industria petrolera requerirá una fuerte inversión y puede llevar más tiempo del que espera la Casa Blanca.

El acceso a los minerales de Venezuela ha sido menos publicitado que el de su petróleo, pero su potencial no ha pasado desapercibido en los círculos del gobierno estadounidense. EE. UU. tiene particular interés en los llamados elementos de tierras raras, un grupo de diecisiete metales que son esenciales para la alta tecnología y la energía verde. A pesar de su nombre, los elementos de tierras raras son abundantes, pero rara vez se encuentran en cantidades que hagan económicamente viable su extracción. China es el líder indiscutible en esta industria, ya que controla aproximadamente dos tercios de la extracción mineral mundial y más del 90 por ciento de la capacidad de procesamiento utilizada para separar las tierras raras del mineral.

Los abundantes depósitos de estos elementos en el sur de Venezuela, una región que incluye extensiones de la selva amazónica y sabanas que bordean con Brasil y Colombia, resulta aún más atractiva dada la percepción en la Casa Blanca y el Pentágono de que el dominio de Beijing en el sector se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica para EE. UU. Esta preocupación se intensificó después de que Beijing impusiera restricciones a la exportación de siete elementos de tierras raras el 4 de abril de 2025, en represalia por el aumento de Trump a los aranceles sobre los productos chinos. Estas restricciones interrumpieron las cadenas de suministro mundiales e intensificaron la competencia por fuentes alternativas de estos minerales. El presidente chino, Xi Jinping, finalmente acordó suspender durante un año las restricciones al suministro a cambio de que Trump redujera los aranceles sobre los productos chinos.

¿Puede EE. UU. reactivar y sacar provecho de la moribunda industria petrolera de Venezuela?

La producción petrolera de Venezuela oscila actualmente entre 800 000 y 900 000 barriles diarios (b/d), lo que supone una fuerte caída con respecto a hace dos décadas, cuando el país producía más de tres millones de b/d. El declive comenzó después de que el presidente Chávez despidiera a más de 18 000 empleados de PDVSA, incluida gran parte de los directivos de la empresa, tras una huelga petrolera con motivaciones políticas que pretendía derrocar a su gobierno en 2002-2003. A partir de entonces, los nombramientos dieron prioridad a la lealtad política sobre la experiencia, mientras que los ingresos se desviaban para pagar el creciente gasto público, incluidos los ambiciosos programas de bienestar social. La corrupción y la mala gestión proliferaron, la inversión se desplomó y las infraestructuras se dejaron oxidar. La imposición de sanciones estadounidenses en 2019 golpeó a una industria que ya estaba de rodillas. Impulsar la producción de Venezuela hasta el nivel de finales de la década de 1990 requerirá ahora una enorme inversión. Sin embargo, se pueden obtener algunos resultados rápidos: la rehabilitación de los yacimientos petrolíferos y las infraestructuras existentes podría aumentar la producción venezolana hasta aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios en dos años, con un coste que, según estimaciones de los economistas, podría superar los 10 000 millones de dólares.

A pesar del entusiasta apoyo de Trump, las grandes petroleras mostraron al principio dudas sobre volver a Venezuela. Históricamente, las empresas extranjeras han jugado un papel importante en la producción petrolera venezolana. Pero las reformas de carácter estatizador de Chávez hace veinte años, la falta de un calendario electoral y el carácter fervientemente partidista del sistema judicial han hecho que las mayores empresas energéticas se muestren cautelosas a la hora de invertir. En una reunión con Trump en la Casa Blanca en enero, el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, dijo que en el país “es imposible invertir””. El director ejecutivo de Chevron, Michael Wirth, ha afirmado que la empresa podría aumentar su producción actual de 250 000 barriles diarios en un 50 por ciento en los próximos dieciocho a veinticuatro meses, pero añadió que financiaría la expansión con el efectivo procedente de las ventas de petróleo y no con nuevo capital.

Mientras tanto, los demócratas del Congreso estadounidense han cuestionado la legalidad de la incautación y venta de petróleo venezolano por parte de la administración Trump. El 28 de enero, once representantes de la Cámara enviaron una carta a las empresas petroleras en la que señalaban que un futuro Congreso o administración de EE. UU. o Venezuela podría invalidar cualquier acuerdo alcanzado con el gobierno de Rodríguez. “Por estas razones”, escribieron los legisladores, “les instamos encarecidamente a que se nieguen a participar en cualquier transacción o acuerdo que se base en la autoridad que la administración Trump afirma tener para controlar los activos petroleros venezolanos”.

Dicho esto, dada la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos y el precio del petróleo alcanzando su máximo en dos años como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, el escepticismo del sector privado podría estar empezando a disiparse. Los precios del crudo subieron un 16 por ciento en los primeros cinco días de marzo, al detenerse el tráfico de petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz. Varios inversionistas y compañías petroleras han anunciado viajes a Venezuela en marzo, entre ellos Exxon Mobil, cuyos activos fueron expropiados en 2007. Otras empresas han manifestado su intención de invertir: representantes de Shell han declarado que quieren exportar petróleo venezolano a través de la vecina Trinidad y Tobago, y British Petroleum está solicitando una licencia para operar en la zona fronteriza entre Venezuela y Guyana.

Por ahora, la administración Trump supervisa la venta de las reservas petroleras existentes del país y ejerce control sobre cómo se pueden gastar los ingresos. Días después de atrapar a Maduro, la administración Trump contrató a dos empresas comercializadoras de materias primas, Vitol Group y Trafigura Group, para vender petróleo venezolano. (Posteriormente, el Tesoro de EE. UU. emitió una licencia que eludía las sanciones, lo que permitió a otras empresas estadounidenses realizar esta tarea). Los primeros cargamentos comercializados por Vitol y Trafigura generaron alrededor de 500 millones de dólares, que se mantuvieron temporalmente en cuentas supervisadas por los EE. UU., la principal de ellas en Catar, mientras Washington decidía cómo desembolsarlos. 300 millones de dólares se destinaron al sistema cambiario de Venezuela a través de cuatro bancos privados, siguiendo las normas del Banco Central destinadas a aliviar la presión sobre la moneda nacional, el bolívar. Según informes, los 200 millones de dólares restantes ya también han sido transferidos.

Las autoridades estadounidenses han dicho que los ingresos por la venta de petróleo ya no se canalizan a través de Catar, sino que se ingresan directamente en cuentas manejadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. La administración ha indicado que ingresos futuros se distribuirán a discreción de Washington, financiando las necesidades venezolanas que se hayan examinado y, según las autoridades estadounidenses, sirviendo también a los intereses nacionales de EE. UU.

¿Cuál es la situación de la extracción de minerales críticos en Venezuela?

Si el principal problema de la industria petrolera es el deterioro de la infraestructura, la inseguridad y la falta de supervisión son los principales obstáculos para la extracción legal de los minerales críticos de Venezuela. La mayoría de estas materias primas se encuentran en el sur del país, donde predominan las minas ilegales. Las investigaciones periodísticas del consorcio Amazon Underworld han revelado que los mineros, incluidos miembros de las comunidades indígenas locales, extraen y comercializan grandes cantidades de estaño, tantalio, tungsteno y minerales que contienen tierras raras. Para ello, trituran roca dura que se procesa hasta convertirla en concentrados minerales finos y arenosos de color oscuro. Además, las dragas fluviales recogen sedimentos que contienen finas concentraciones de oro y separan lo que se conoce como “arenas negras”, que contienen minerales y elementos de tierras raras.

Una vez extraídos, los minerales se envían a instalaciones de procesamiento gestionadas por empresas estatales venezolanas y luego se exportan. En algunos casos, los mineros se saltan las plantas estatales y venden directamente a comerciantes de minerales colombianos, traficando sus productos a través de la frontera. Allí, estos pasan a la cadena de suministro legal al registrar su extracción como si hubieran sido excavados en concesiones mineras colombianas. En otros casos, los minerales se declaran como materiales de construcción, una designación que suscita poco escrutinio durante los controles rutinarios de exportación. Algunos mineros procesan y funden el mineral en lingotes que contienen niveles significativos de tierras raras antes de transportarlos. Las bases de datos comerciales documentan envíos de concentrado de estaño desde las ciudades portuarias venezolanas de Maracaibo y La Guaira a China; las empresas suelen exportar su carga desde las ciudades portuarias colombianas de Buenaventura, en la costa del Pacífico, o Cartagena, en el Caribe.

¿Está EE. UU. en condiciones de hacerse con el control de las minas de minerales críticos de Venezuela?

Funcionarios del gobierno estadounidense dijeron a Crisis Group que la administración Trump está interesada tanto en asegurar las materias primas para uso interno como en bloquear el acceso de China a los minerales extraídos del suelo venezolano. Con este fin, en febrero EE. UU. puso en marcha el “Proyecto Vault”, una reserva de minerales críticos por valor de 12 000 millones de dólares, destinada a proteger las cadenas de suministro de las crisis externas. La administración Trump convocó una cumbre sobre tierras raras el 4 de febrero, en la que participaron 54 países y la Comisión Europea, para debatir sobre cadenas de suministro seguras que no incluyeran a China. Washington también ha anunciado importantes inversiones en la producción y la capacidad de procesamiento de tierras raras a nivel nacional, entre las que se incluyen una inversión de capital de 400 millones de dólares en MP Materials en julio de 2025, una inversión de 1600 millones de dólares en USA Rare Earth en enero y acuerdos adicionales con empresas como Vulcan Elements y ReElement Technologies para refinar tierras raras y fabricar imanes especializados. Dado que estas empresas se centran en el procesamiento de los minerales, EE. UU. seguirá necesitando garantizar fuentes fiables de materia prima, como las que se encuentran en Venezuela.

No cabe duda del interés de los funcionarios estadounidenses en contar con un suministro mayor y mejor protegido de minerales críticos y tierras raras. Sin embargo, por mucho que Venezuela parezca abierta a los negocios estadounidenses, sus zonas mineras no son un entorno fácil para trabajar. Estas zonas carecen incluso de la infraestructura física más básica, como puertos interiores y carreteras para transportar minerales críticos a granel. Además, la actual legislación venezolana prohíbe el arbitraje internacional, obliga que todas las ventas se hagan al Banco Central de Venezuela y exige que todas las empresas extranjeras se asocien con empresas estatales venezolanas, que están plagadas de corrupción o solo existen sobre el papel. Suponiendo que los nuevos proyectos extractivos cumplan la ley, en lugar del espíritu de laissez-faire que ha predominado en los últimos años, la Constitución venezolana también exige que las empresas consulten con los grupos indígenas cuyo territorio se vería afectado y realicen evaluaciones de impacto socioambiental. Dado el daño medioambiental que puede causar la minería, es probable que análisis rigurosos y veraces descarten muchas operaciones.

Además, muchas de estas minas están controladas por grupos rebeldes colombianos, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, un grupo liderado por miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abandonaron el acuerdo de paz firmado en 2016. (Ambos grupos han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de EE. UU.). La presencia del ELN, en particular, sería problemática para las empresas que intentan operar en el sur de Venezuela. Los rebeldes están activos en las zonas fronterizas y los territorios mineros de la región. Además, al haberse comprometido a defender a Venezuela contra la invasión estadounidense, es probable que el grupo se resista violentamente a los esfuerzos por eliminar su control sobre las operaciones mineras y las comunidades cercanas, incluso si este fuera avalado por el gobierno venezolano. El ELN podría utilizar explosivos para dañar oleoductos o llevar a cabo otros sabotajes de infraestructuras, como ha hecho con frecuencia en Colombia cuando no se satisfacen sus demandas políticas o no se pagan sus extorsiones.

La competencia entre los grupos armados complica aún más el entorno de trabajo. En el estado Amazonas de Venezuela, el ELN está enfrascado en un combate activo con la Segunda Marquetalia. Según fuentes, esta última ha obtenido poderes coercitivos sobre nuevas guardias indígenas, subvirtiendo una tradición legítima de defensa territorial basada en la comunidad y obligando a civiles desarmados a proteger las zonas mineras, incluidos los yacimientos donde se extraen minerales críticos. Si el ejército venezolano atacara a los grupos rebeldes, los grupos armados podrían seguir el mismo guion que han empleado anteriormente y movilizar a la población local como escudos humanos.

Las fuerzas del Estado están desplegadas a lo largo de la región, pero no para proteger a los mineros ni a las comunidades vecinas. Testigos cuentan que a menudo llegan helicópteros, a veces con lo que parecen ser miembros del ELN y lo que describen como compradores “chinos”. Los residentes locales afirman que las fuerzas estatales cobran sobornos en varios puntos de la cadena de suministro y, en algunos casos, participan directamente en el traslado de material. Esta complicidad y enriquecimiento mutuo entre los grupos armados y los funcionarios de seguridad complicaría cualquier esfuerzo de Caracas por contrarrestar el control ilícito del sector minero.

¿Podrían el petróleo y los minerales ayudar a impulsar la recuperación económica de Venezuela?

El camino de Venezuela hacia la recuperación económica requerirá el aprovechamiento de sus recursos naturales. Como se ha señalado anteriormente, en los próximos dos años se podrían lograr modestas mejoras en la producción petrolera del país, pero la reconstrucción de la industria llevará mucho más tiempo. El desarrollo de su sector minero también requerirá un esfuerzo a más largo plazo. Los patrones de extracción actuales enriquecen a los grupos armados y devastan los territorios indígenas, al tiempo que corrompen y socavan las instituciones estatales. Transformar los minerales de factores de conflicto a fuentes de riqueza soberana requerirá cambios fundamentales.

Una vía para avanzar a corto plazo podría ser la formalización de la minería controlada por la comunidad. La extracción a pequeña escala bajo gobernanza local podría generar ingresos y limitar el daño medioambiental. Para evitar la coacción armada, sería necesario limitar su alcance. Sin embargo, podría proporcionar un flujo fiable de minerales. Para ello, Caracas tendría que legalizar las cooperativas a pequeña escala y dirigidas por la comunidad, proporcionarles asistencia técnica y establecer mecanismos directos de reparto de ingresos con el Estado para eludir a los intermediarios corruptos.

También es importante crear cadenas de suministro transparentes. Es necesario rastrear los minerales desde la mina hasta las refinerías. Las autoridades podrían aplicar los procedimientos internacionales existentes en materia de minerales de conflicto: estos implican la creación de un sistema de certificación que permita seguir la ruta del producto desde la mina de origen hasta el comprador, con auditorías independientes periódicas. Si no adoptan medidas de debida diligencia, las empresas estadounidenses corren el riesgo de quedar atrapadas entre dos malas opciones: podrían extraer directamente y provocar la ira de los grupos armados o confabularse con ellos; o podrían comprar a empresas estatales responsables de financiar abusos sistemáticos contra las comunidades indígenas y locales.

Los obstáculos más difíciles para una minería responsable pueden ser las propias autoridades estatales y el aparato de seguridad de Venezuela. El gobierno de Rodríguez puede apoyar la apertura del sector extractivo a la inversión extranjera, pero las fuerzas de seguridad venezolanas, que se benefician de la opacidad de las cadenas de suministro de minerales, probablemente se resistirán a perder su actual fuente de ingresos, que se genera en gran medida a través de sobornos y extorsiones. Facciones dentro del ejército, funcionarios nacionales y locales, y servicios de inteligencia se benefician de la minería ilegal, controlando la extracción o recibiendo pagos de grupos armados que trafican con ella. Cualquier marco regulatorio genuino y eficaz amenazaría estos ingresos, lo que crearía poderosos incentivos para sabotear la reforma, independientemente de las directrices políticas de Caracas. En teoría, unas fuerzas de seguridad confiables serían indispensables para proteger cualquier proyecto minero de los grupos armados, en particular las pequeñas empresas dirigidas por cooperativas locales, que carecen del tipo de recursos que las multinacionales pueden dedicar para proteger sus inversiones y a su personal. Sin embargo, por el momento, no existe tal fuerza policial. La ardua tarea de reformar las fuerzas de seguridad puede resultar un paso necesario para reactivar un sector minero fuerte y libre de delincuencia.

Por otra parte, la rehabilitación de la industria petrolera del país requerirá una revisión de la forma en que el gobierno ha explotado el principal recurso natural de Venezuela durante las últimas dos décadas. PDVSA tendrá que recuperar el talento perdido por la fuga de cerebros y realizar importantes inversiones en infraestructura y mantenimiento. Es probable que Washington quiera participar activamente en esta reestructuración. La asociación con empresas petroleras extranjeras podría volver a situar a Venezuela en la senda de exportar millones de barriles al mes, aunque en el largo plazo. Las grandes empresas petroleras sin duda esperarán estabilidad y promesas de respeto al Estado de derecho antes de invertir los miles de millones de dólares que esto requeriría.

Aún es más importante que los líderes busquen garantizar que los ingresos procedentes de las ventas de petróleo se distribuyan de forma equitativa en beneficio de todos los venezolanos. Chávez logró llegar a la presidencia en 1998 prometiendo romper el dominio que una pequeña élite ejercía sobre la riqueza de Venezuela. Los futuros líderes políticos deben aprender de los errores de las administraciones anteriores y no olvidar que la desigualdad extrema, especialmente en un país tan rico en recursos naturales, es una vía rápida hacia la indignación pública y la agitación política.

• Nota: la investigación sobre minerales críticos fue realizada por Amazon Underworld, una iniciativa periodística dirigida por Ebus.

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